El obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, ha decretado la expulsión de José María Martínez Sanz del Opus Dei. Martínez Sanz, exprofesor del colegio Gaztelueta, fue condenado en 2018 por abusos sexuales a un alumno menor de edad, sentencia que el Tribunal Supremo redujo posteriormente a dos años de prisión.
La decisión de expulsión se basa en el artículo 30.1 del Código de Derecho Particular del Opus Dei. Durante el proceso canónico, se constató la falta de colaboración tanto del acusado como de la propia prelatura del Opus Dei. El decreto, firmado por Satué y el notario José Luis Perucha, no establece indemnizaciones ni medidas adicionales contra la institución o terceros implicados.
En la actualidad, numerosas voces dentro de la Iglesia han señalado que este tipo de decisiones generan inseguridad jurídica, al tomarse medidas disciplinarias eclesiásticas de forma independiente a los procedimientos judiciales civiles. En los últimos años, y en particular durante el pontificado del Papa Francisco, se ha señalado una merma en el respeto por el Código de Derecho Canónico, con decisiones que, en algunos casos, han prescindido de garantías procesales tradicionales dentro de la Iglesia.
Por su parte, la familia de la víctima ha expresado su disconformidad con la sentencia, al considerar que no aborda la totalidad de sus demandas. La madre del denunciante ha manifestado su pérdida de confianza en la Iglesia, mientras que el padre ha señalado la ausencia de acciones contra otros involucrados y ha denunciado presuntas amenazas por parte de miembros del Opus Dei.
José María Martínez Sanz presentó en abril de 2024 una demanda civil contra el obispo Satué por presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Dicha demanda fue admitida a trámite por un juzgado de Pamplona, aunque no se suspendió el proceso canónico.
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